La ley contra el desperdicio alimentario: cómo afecta al sector hostelero y de la alimentación

Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario

La organización de Naciones Unidas (ONU), en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos de aquí a 2030. 

España cuenta desde marzo de 2025 con una Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Se trata de la primera norma sobre este tema en nuestro país y nace con el espíritu de reducir el despilfarro en toda la cadena de valor y fomentar un uso más eficiente de los alimentos. 

Aunque el 60% de los alimentos desechados provienen de los hogares, se detecta también una mayor sensibilización por tirar la menor cantidad de comida posible a la basura. De ahí que el foco se ponga también en el comercio minorista y los proveedores de servicios alimentarios, que suponen el 40% del desperdicio total.

La ley trata de frenar la cantidad de alimentos desechados en toda la cadena de valor, desde los productores hasta los consumidores finales, ya sea en los hogares o en proveedores de servicios alimenticios y hostelería. Trata de que las empresas se autogestionen, detecten los puntos de despilfarro y elaboren planes de reducción y ahorro. La norma establece también una jerarquía de usos, dando prioridad al consumo humano, a través de la transformación, la donación o la redistribución. 

¿Cómo afecta la ley a la hostelería?

Para las empresas hosteleras, alcanzar los objetivos que marca la ley va a requerir de un control del stock más exhaustivo, lo que redundará en una mayor eficiencia y reducción de costes operativos.

• Los bares y restaurantes, excepto los bufés libres y similares, deberán disponer de envases reciclables donde los clientes puedan llevarse la comida y bebida que no hayan consumido. 
• La ley obliga a establecer acuerdos entre los operadores y los bancos de alimentos o entidades sociales para regular las donaciones de comida y alimentos no utilizados. De esta forma, se protege jurídicamente la relación y se establecen las condiciones de las donaciones.
• Se fomenta el compostaje para una eliminación sostenible de los alimentos no usados. 
• La ley también obliga a disponer de un plan de gestión de residuos que incluya auditorías, objetivos concretos y seguimiento de estos. Esta obligación entrará en vigor en abril de 2026.

María Campo, Directora de Sostenibilidad y Reputación de Ibercaja, lo resume así: “En Ibercaja creemos firmemente que para contribuir al Desarrollo Sostenible es necesario apoyar a las empresas en este proceso de transición, motivándolas a apostar por la economía circular, reduciendo el desperdicio y optimizando el uso de los recursos desde la raíz.”

La ley excluye de la obligación de aplicar la jerarquía, elaborar un plan de prevención y firmar acuerdos de donación a las empresas de menos de 10 empleados y a las explotaciones agrarias de menos de 50 trabajadores. También están excluidos los establecimientos de menos de 1.300 m2 como, por ejemplo, una tienda tradicional de barrio, pero sí se aplica a las cadenas que en su conjunto superen esa superficie.

Impulsar las buenas prácticas

La ley trata de fomentar las buenas prácticas en el uso y consumo de alimentos, de ahí que establezca una serie de recomendaciones para el sector de la alimentación y la agroindustria.

• Planificar menús flexibles en hostelería para que el cliente pueda elegir el tamaño de las porciones o las guarniciones.
• Fomentar la venta de productos imperfectos y mejorar la información sobre la seguridad de su consumo.
• Incentivar la venta de productos con la fecha de caducidad próxima o consumo preferente.

La aplicación de la ley trata de crear mecanismos para avanzar en la reducción del desperdicio alimentario y promover prácticas más sostenibles y respetuosas con el medioambiente y con los productores de alimentos y avanzar hacia las metas de reducción establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.