Impulso a la competitividad empresarial a través de la simplificación normativa

El informe “El futuro de la competitividad de Europa”, más conocido como Informe Draghi, elaborado por el ex primer ministro de Italia y ex presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, incluye la hiperregulación como uno de los problemas que afectan a la pérdida de competitividad de las empresas europeas frente a EE.UU. o China. Esto se suma a otros factores como la menor inversión en I+D, la baja productividad o la dependencia de recursos estratégicos. En lo relativo al exceso normativo, el informe plantea una serie de medidas encaminadas a su simplificación, sugiriendo la evaluación coste-beneficio de la regulación e incluso una posible “pausa regulatoria”.

La sobrerregulación también preocupa a los empresarios españoles, como analizamos en este artículo de la Revista Economía Aragonesa. España ocupa el puesto 97 en el ranking del Banco Mundial que mide la facilidad para abrir un negocio. La legislación que los nuevos negocios deben tener en cuenta antes de levantar la persiana disuade a muchos de emprender. En el caso de las empresas ya establecidas, les reduce su competitividad al tener que destinar recursos y tiempo a asegurarse de cumplir las normas en lugar de destinarlo al desarrollo de su propia actividad. 

Toño Ruiz, jefe de Estrategia Comercial de Ibercaja, considera que “la simplificación normativa no solo reduce costes, sino que permite a las empresas redirigir recursos hacia la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad, claves para mejorar su competitividad en un entorno global cada vez más exigente” y en este sentido, destaca que uno de los compromisos de Ibercaja es apoyar, fomentar y acompañar el desarrollo de las empresas.

Smart regulation: no regular más, sino mejor

Para mejorar la competitividad empresarial, la Comisión Europea ha presentado un paquete de reformas legislativas con el fin de simplificar el entorno regulatorio y reducir las cargas administrativas. Estas iniciativas forman parte del llamado paquete “Ómnibus”, que afecta a las directivas de reporte (CSRD), debida diligencia (CSDDD), la Taxonomía europea, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y el programa InvestEU.

Como se detalla en la web de la Comisión Europea, el objetivo es reducir la carga administrativa en un 25% y, en el caso de las pymes, de un 35% como mínimo. De esta forma, se busca simplificar y lograr una legislación más ágil y eficaz que permitirá que las empresas puedan acceder a una financiación sostenible que contribuya a la transición verde. En cifras, este adelgazamiento de los requisitos normativos podría generar un ahorro en costes administrativos de hasta 6.300 millones de euros al año y movilizar hasta 50.000 millones de euros en inversión pública y privada adicional.

Simplificación de la información sobre sostenibilidad

Uno de los ejes principales de esta reforma se centra en la presentación de información corporativa relacionada con la sostenibilidad. Se plantea reducir el ámbito de aplicación de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (Corporate Sustainability Reporting Directive -CSRD- en inglés), excluyendo al 80 % de las empresas actualmente afectadas y centrando las obligaciones en aquellas de mayor tamaño y con mayor impacto medioambiental y social.

Entre las medidas, se incluye:

• El aplazamiento de los plazos de cumplimiento hasta 2028. 
• La directiva se limita a las grandes empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio de más 50 millones de euros o un balance de más 25 millones de euros.
• La reducción de la carga de obligaciones de presentación de información y limitarla a las empresas más grandes. 
• El establecimiento de un umbral de importancia financiera y la reducción en un 70% de los formularios requeridos para la presentación de datos sobre taxonomía sostenible.
• La adaptación del principal indicador clave de rendimiento basado en la taxonomía para los bancos, la ratio de activos verdes (GAR), de forma que los bancos podrán explicar de la ratio a las empresas no afectadas por la directiva.
• La posibilidad de reportar actividades parcialmente alineadas con la taxonomía, apoyando una transición gradual hacia modelos sostenibles.

Estas iniciativas no solo alivian la carga para las empresas más pequeñas, sino que también promueven un sistema más proporcionado, donde se prioriza la transparencia sin generar costes excesivos.

Una diligencia debida más accesible

La Comisión también introduce reformas sustanciales en la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD).

El nuevo enfoque propone limitar los requisitos sistemáticos a los socios comerciales directos, reduciendo la frecuencia de los informes obligatorios de una vez al año a una cada cinco años, salvo que existan riesgos o incidencias que lo justifiquen.

Además, se reducen las cargas para las pymes, evitando el efecto de “goteo” por parte de las grandes empresas en sus cadenas de valor al limitar la cantidad de información que éstas pueden solicitar a sus proveedores. También se retiran las obligaciones de responsabilidad civil de la UE, permitiendo a los Estados miembros adaptar sus propios mecanismos mientras se garantiza una compensación adecuada a las víctimas por el daño causado por el incumplimiento de las normas pertinentes. Además, se aplaza hasta 2028 la aplicación de requisitos de diligencia debida para las empresas más grandes. 

Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC): más justo y eficiente

También se introducen cambios en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC):

• Exención para los pequeños importadores mediante un nuevo umbral de 50 toneladas anuales por importador, lo que eliminará obligaciones para más del 90 % de las pymes que trabajan en comercio internacional, sin comprometer el control del 99% de las emisiones reguladas.
• Simplificación de los procedimientos para los declarantes y mejoras en el cálculo de emisiones y presentación de informes.
• Mejorar la efectividad a largo plazo del MAFC reforzando medidas para prevenir abusos y evasión de obligaciones.

Potenciar la inversión: optimización de programas como InvestEU

Conscientes de que la inversión es una palanca de crecimiento, la Comisión propone adaptar programas clave como InvestEU, un instrumento clave para impulsar las inversiones necesarias para la competitividad, la innovación, la descarbonización y la sostenibilidad. De hecho, el 45% de sus operaciones apoyan objetivos medioambientales.

Las reformas permitirán:

• Reutilizar el rendimiento de inversiones anteriores y fondos no utilizados, lo que pondrá más financiación a disposición de las empresas.
• Movilizar hasta 50.000 millones de euros adicionales, con un enfoque especial en pymes y proyectos de alto impacto.
• Reducir la burocracia para intermediarios financieros y empresas beneficiarias, facilitando el acceso a estos fondos.