El impacto de la sobrerregulación en el aumento de costes de las empresas

La regulación es necesaria para asegurar derechos, corregir fallos del mercado y garantizar el bienestar social. No obstante, cuando el volumen, la complejidad o la falta de calidad técnica de las normas superan ciertos umbrales, los costes asociados al cumplimiento regulatorio acaban superando los beneficios, afectando negativamente a la productividad, la inversión y el empleo. La sobrerregulación, por tanto, frena la competitividad y la inversión en España. Urge una simplificación normativa para impulsar el crecimiento económico, según Gregorio Izquierdo y María Higuera, director general y técnico economista del Instituto de Estudios Económicos en su artículo para la Revista de Economía Aragonesa de Ibercaja.

El dinamismo empresarial exige un entorno regulatorio estable, predecible y eficiente. Sin embargo, en España, la proliferación normativa ha generado un escenario contrario: un marco legislativo denso, cambiante y complejo que obstaculiza la actividad empresarial. Tal como señalan Gregorio Izquierdo y María Higuera, director general y técnico economista del Instituto de Estudios Económicos respectivamente, la sobrerregulación constituye hoy uno de los principales frenos al crecimiento económico. Resumimos aquí el artículo que ambos publican en el número 84 de la Revista de Economía Aragonesa que edita Ibercaja.

El coste oculto de la inflación normativa

España se encuentra entre los 10 países de la Unión Europea con peor calidad regulatoria, según los datos del Banco Mundial. Esta posición lastra la capacidad de atracción de inversiones extranjeras y limita la competitividad de las empresas españolas en el entorno internacional.

Además, la transposición de directivas europeas a la legislación nacional provoca solapamientos con desigual carga regulatoria para las empresas pequeñas. A las normas nacionales hay que añadir las de las comunidades autónomas y las locales, que también son prolíficas. Este volumen normativo obliga a las empresas a destinar cada vez más recursos humanos y financieros para interpretar y cumplir la normativa.

Más allá del volumen, la complejidad del marco regulatorio español es otra fuente crítica de ineficiencia. A menudo, las normas presentan una redacción ambigua, hacen referencia a múltiples disposiciones o se contradicen entre sí, lo que multiplica la inseguridad jurídica. La elevada litigiosidad asociada a esta ambigüedad no solo implica costes económicos, sino que deteriora la confianza en el sistema legal y en el entorno de negocios.

La fragmentación regulatoria genera una ruptura de la unidad de mercado y el resultado es un sobrecoste para las empresas cifrado entre el 1,5% y el 2,5% del PIB, según el Instituto de Estudios Económicos. Sin embargo, “la liberación de estos recursos y la mejora del marco regulatorio que se deriva de una reducción de la fragmentación normativa supondría un impulso sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre el 1,5% y el 3% del PIB, e incluso superior si se produce también una mejora en clave europea”, añaden los autores.

La sobrerregulación: una barrera a la inversión

La percepción empresarial acerca de los efectos de la sobrerregulación es contundente. Según la Encuesta Anual de Inversión del Banco Europeo de Inversiones, el 47,8% de las empresas españolas considera que la regulación es un obstáculo importante para la inversión a largo plazo, frente al 26% de media europea. Este porcentaje se eleva al 63% en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

La incertidumbre generada por cambios regulatorios constantes incrementa el coste de financiación de las empresas al elevar la prima de riesgo y condiciona su planificación estratégica no solo futura sino también presente.

En términos de empleo, esta sobrerregulación también tiene un impacto negativo. Según el informe del Banco de España “Sector-level economic effects of regulatory com plexity: evidence from Spain”, un 10% de incremento en la complejidad regulatoria se asocia a una caída relativa del 0,5% en el empleo en empresas de menos de diez trabajadores. Por su parte, el Instituto Juan de Mariana, en su estudio "Asfixia empresarial", estima que la sobrerregulación podría causar la pérdida de 100.000 empleos en la próxima década.

La dificultad de cumplir con un marco regulatorio excesivamente denso y cambiante también propicia la expansión de la economía sumergida y frena la innovación, ya que las compañías dedican más recursos a la burocracia que a actividades de desarrollo de su propia actividad.

Un llamado a la simplificación normativa

Para revertir esta situación, los autores del informe proponen adoptar principios de "smart regulation" que prioricen la estabilidad, la claridad y la proporcionalidad en la elaboración de normas. Algunas medidas sugeridas incluyen:

Implementar de forma efectiva el principio de "one in, one out", de forma que cada nueva norma implique la derogación de otra de coste equivalente.
Mejorar la coordinación legislativa entre administraciones públicas para evitar duplicidades y contradicciones.
Simplificar la transposición de la normativa europea sin introducir cargas adicionales.
Elaborar normas claras y sencillas que reduzcan la necesidad de interpretación jurídica especializada.

La respuesta europea

La Comisión Europea, consciente de esta problemática, ha lanzado la iniciativa "Brújula para la Competitividad", que incluye un plan para reducir un 25% las cargas administrativas generales, y al menos un 35% en el caso de las pymes. Estas medidas podrían generar un ahorro de 6.300 millones de euros anuales en costes administrativos en la UE y movilizar inversiones adicionales de hasta 50.000 millones de euros.